Un reciente artículo de opinión destacó las bondades del Monorriel de Santiago: modernidad, transformación urbana, reducción de los tiempos de viaje y una mejora significativa de la imagen de la ciudad. Esa es la cara visible del proyecto, la que promueven sus defensores.
Sin embargo, toda gran inversión pública tiene otra cara: cómo se tomó la decisión, qué alternativas fueron evaluadas, cuánto costaba inicialmente, cuánto cuesta hoy, cuándo debía concluir y quién asume los riesgos cuando los plazos se extienden o los costos aumentan.
Esa es la discusión de fondo. No se trata de negar que Santiago necesita un sistema de transporte público moderno y eficiente. Se trata de preguntarse si esta fue realmente la mejor solución para el interés público o si la ciudad terminó adaptándose a una tecnología, unos contratos y unos intereses empresariales previamente definidos.
1. La narrativa visible: modernidad y promesa urbana
El Monorriel de Santiago ha sido presentado como una obra emblemática para la ciudad: moderna, visible y capaz de transformar la movilidad urbana. Sus promotores destacan la reducción de los tiempos de viaje, la integración con el teleférico y el impacto positivo que tendrá sobre la imagen de Santiago.
Es cierto que una infraestructura ferroviaria elevada transmite una sensación de modernidad y progreso. Esa es la cara visible del proyecto y la que suele dominar el debate público.
Sin embargo, las grandes inversiones públicas no deben evaluarse únicamente por su impacto visual o simbólico. También deben analizarse desde la perspectiva de la planificación, los costos, la sostenibilidad financiera y las alternativas que pudieron haberse considerado antes de comprometer recursos públicos multimillonarios.
Ahí es donde comienza la otra cara de la moneda.
2. La pregunta incómoda: ¿interés público o solución condicionada?
La cuestión central no es si el monorriel funciona como tecnología. La verdadera pregunta es otra: ¿fue elegido porque representaba la mejor solución para Santiago o porque encajaba mejor con una oferta tecnológica, empresarial y financiera ya disponible?
Las buenas prácticas de inversión pública establecen que primero se identifica el problema de movilidad, luego se comparan distintas alternativas y, finalmente, se selecciona la opción más conveniente. En este caso, la información disponible sugiere un proceso distinto: una tecnología definida desde etapas tempranas, contratos fragmentados, financiamiento externo y una ciudad obligada a adaptarse al proyecto.
Cuando eso ocurre, el interés público queda expuesto. No porque la participación empresarial sea negativa en sí misma, sino porque las empresas deben servir al proyecto público, y no sustituir la planificación que corresponde al Estado.