Director de la Policía da 30 días para declarar patrimonio y amenaza con destituir a incumplidores

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Nuevo director de la Policía da 30 días para presentar declaración jurada de patrimonio

El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, otorgó un plazo máximo de 30 días a los funcionarios policiales que están obligados por ley a presentar su declaración jurada de patrimonio.

La disposición está contenida en un memorándum interno fechado el 22 de agosto de 2026, dirigido a directores centrales, regionales y de áreas, así como a comandantes departamentales de la institución.

Rodríguez García instruyó a los funcionarios sujetos a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y su reglamento, establecido mediante el Decreto 92-16, a realizar el trámite ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Advierten destitución

El documento establece que los funcionarios tendrán 30 días, contados a partir de la recepción del memorándum, para cumplir con esta obligación.

La comunicación advierte que quienes no presenten la declaración dentro del plazo establecido quedarán inmediatamente destituidos de la función, además de estar sujetos a las sanciones contempladas en los reglamentos de la Policía Nacional.

La medida también fue comunicada al inspector general y al director de Asuntos Internos de la institución, quienes deberán dar seguimiento a su cumplimiento.

Primera disposición del nuevo director

La decisión representa una de las primeras medidas administrativas adoptadas por Rodríguez García tras asumir la Dirección General de la Policía Nacional, luego de la salida de Andrés Modesto Cruz Cruz.

El nuevo director ha señalado como prioridades el fortalecimiento de la disciplina institucional y la transformación de prácticas internas, en el marco del proceso de reforma policial.

La Ley 311-14 establece la obligación de determinados funcionarios públicos de declarar el origen y las variaciones de su patrimonio, como mecanismo de transparencia, prevención y control en el ejercicio de las funciones públicas.