Ministerio de la Mujer reitera la necesidad de un Código Penal garante de los derechos humanos de las mujeres
Santo Domingo. El Ministerio de la Mujer, como ente rector de las políticas para la
igualdad y pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos de las mujeres en la
República Dominicana, expresa su profunda preocupación sobre los consensos anunciados
por la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de reforma al Código Penal, al
considerar que estos representan un serio retroceso en la garantía de los derechos
fundamentales, la protección frente a la violencia y la dignidad de las mujeres.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, afirma que, "a más de dos décadas de intentos por
actualizar el marco penal del país, las propuestas en discusión omiten avances
fundamentales en materia de derechos humanos y afectan especialmente a las mujeres y
niñas, principales víctimas de las distintas formas de violencia y perpetúan su
vulnerabilidad”.
El Ministerio de la Mujer recuerda que, conforme a su mandato legal, tiene la
responsabilidad de evaluar los marcos jurídicos existentes y proponer modificaciones
orientadas a eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar la igualdad
sustantiva en las reformas legales, incluida la actual reforma penal. Por tanto, las
recomendaciones que el ministerio ha estado presentando a ambas cámaras legislativas
están en correspondencia con su mandato legal y recuerda a las legisladoras y legisladores,
que los derechos de las mujeres deben ser progresivos y sustentados en informaciones
científicas y en las necesidades de las mujeres. En este sentido, la institución insta a
observar opiniones técnicas y especializadas, por encima de intereses particulares que
procuran menoscabar los derechos humanos de las mujeres.
“Durante todos los años de debate de esta reforma penal, el Ministerio de la Mujer ha
remitido al Congreso Nacional amplias recomendaciones para fortalecer el reconocimiento
y la sanción de crímenes y delitos que afectan especialmente a mujeres, adolescentes y
niñas, con el objetivo de asegurar un marco normativo robusto y garante de derechos”,
puntualiza Jiménez.
Entre los aspectos más preocupantes de la propuesta legislativa conocida a través de los
medios de comunicación, la institución expresa con preocupación, que se mantenga la
penalización absoluta del aborto, incluso en las tres circunstancias extremas en que la vida
o la salud de la mujer están en riesgo, el embarazo es producto de una violación o incesto, o
cuando el feto es inviable fuera del útero, lo cual constituye una violación a los derechos
fundamentales de las mujeres y contradice los compromisos asumidos por el Estado
dominicano.
El Ministerio subraya la importancia de que la reforma penal establezca la
imprescriptibilidad de la violación sexual, permitiendo que las víctimas puedan acceder a la
justicia sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, reconociendo que
muchas de ellas requieren tiempo para procesar el trauma y buscar ayuda. Asimismo,
consideró fundamental la tipificación adecuada de la violencia basada en género,
incluyendo tipos penales como el feminicidio, el acoso, la violencia de género e
intrafamiliar ya que, si estas modalidades no están claramente definidas en la ley, las
víctimas enfrentan mayores dificultades para denunciar y obtener justicia, mientras que los
agresores pueden eludir su responsabilidad penal.
La ministra Mayra Jiménez destaca que para construir una correcta tipificación y fortalecer
la eficacia de las políticas de prevención, sanción y reparación, es indispensable conocer las
realidades que enfrentan miles de mujeres en el país e impulsar espacios de consulta con
otras instancias del Estado, incluyendo al Poder Judicial, a fin de garantizar una legislación
penal que recoja las recomendaciones de todas las áreas especializadas.
El Ministerio de la Mujer reitera su disposición a seguir dialogando con los poderes del
Estado y con la sociedad para construir una legislación penal moderna y a la altura de los
derechos y la dignidad que merecen las dominicanas. En ese sentido, hace un llamado al
Congreso Nacional a enmendar las propuestas anunciadas y garantizar un Código Penal
justo, actualizado y respetuoso de los derechos fundamentales de las mujeres, en línea con
los principios constitucionales y los estándares de derechos humanos.